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Como consecuencia del asesinato del compañero Juan Pablo Jiménez, dirigente
sindical de AZETA, empresa subcontratista de CHILECTRA, muchos trabajadores,
incluso dirigentes, pedían el mismo trato que el gobierno dio a la familia
terrateniente Luchsinger cuando fueron asesinados en Temuco y que significó que
el Estado chileno movilizara muchas instituciones y desplegara el máximo de
recursos y medios en busca de los responsables. En menos de 48 horas, la
policía ya había detenido a dirigentes mapuches imputándoles, sin ninguna
prueba, la responsabilidad en dicho crimen.
La muerte, más concretamente, el asesinato de un trabajador al interior de una
empresa siempre será un hecho grave, lamentable y repudiable. Sin embargo,
adquiere una relevancia mayor tratándose de un dirigente sindical que,
justamente, se hallaba preparando acciones para denunciar las prácticas
abusivas de esta empresa, cuyo historial en el tratamiento de los derechos
laborales está teñida con la muerte de otro trabajador en el pasado reciente.
¿Qué conclusiones podemos sacar los trabajadores frente a este hecho?
Que el tan cacareado “Estado de Derecho” al que tanto recurren los poderosos y,
que los presidentes Frei y Lagos se esforzaron en garantizar a cualquier precio
con tal de dar “estabilidad” a los dueños de Chile, no es más que un
ordenamiento político y jurídico que permite garantizar a cada cual “lo que se
merece”: a los ricos, seguridad jurídica, económica y policial para mantener y
seguir incrementando su ilegítima riqueza; y a los pobres, subsidios, represión
y castigo para que no se subleven pidiendo justicia y mejores salarios. Frei,
amparándose en el “Estado de Derecho” alegó “razones de Estado” para poner fin
a la investigación que condenaba al hijo de Pinochet (“pinocheques”) a terminar
en la cárcel; luego, por las mismas razones, movilizó todas las instituciones
del Estado chileno, invirtiendo millones de dólares, para evitar que Pinochet
fuera juzgado y condenado en Inglaterra. Igualmente, haciendo uso de las
franquicias del “Estado de Derecho”, Lagos, desconociendo todo el historial de
Horst Paulmann, que lo vinculaban a un pasado nazi, le otorgó la “nacionalidad
por gracia”, y agregó: “ello, gracias a su tremendo aporte a Chile”. Paulmann
es aficionado a destruir sindicatos, aplica permanentemente prácticas
antisindicales pagando salarios de hambre, evade el pago de impuestos, etc.
¿Cuál es su aporte a Chile?.
Cuando se nos obliga a respetar el “Estado de Derecho”, lo que se busca es que
los trabajadores no rompamos con el ordenamiento jurídico que ellos han
diseñado y materializado para perpetuar su poder. Aparentemente, las leyes las
promulgan desde el Ejecutivo y luego las sanciona el Legislativo. Eso es
apariencia. La verdad, es que las leyes responden a correlaciones de fuerzas
entre las clases sociales y se adecúan a contextos determinados. En nuestro
país, la mayor parte de las leyes, especialmente las laborales, son funcionales
al empresariado y se adecúan permanentemente a sus intereses. El mejor ejemplo
es que en Chile negocia menos del 7% de la fuerza de trabajo. La ley de
subcontratación, que permite la existencia de empresas como Azeta donde murió
Juan Pablo, responde a las estrategias de las grandes compañías para bajar los
costos, precarizando el empleo y bajando al máximo los salarios. En
consecuencia, ninguna ley está hecha para favorecer los intereses de los
desposeídos. Quienes han hecho las leyes en estos últimos 40 años, no han sido
los gobernantes de turno, han sido los grandes empresarios: los Matte, los
Luksic, Paulmann, Angelini, Yarur, etc. Son ellos quienes construyen la agenda
y que los gobiernos aplican cautelando uno de sus principios esenciales en
todas las áreas de la sociedad, el lucro y la iniciativa privada como
fundamento de toda su filosofía.
Es falso, de falsedad absoluta, que todos “somos iguales”. La jerarquía eclesiástica
que promueve este discurso, especialmente la Católica vinculada en
estos años a las más horrendas conductas contra menores, se empeña en dictar
cátedra sobre “moral” y trata de convencernos que somos todos iguales, ¿iguales
en qué?- Por supuesto que en los ingresos no. Pero, además, tenemos distinta
moral. Ellos creen en la explotación del hombre por el hombre; creen que el
crecimiento personal es fruto del esfuerzo individual y no influye el contexto
socio económico donde la persona nació. Nosotros, creemos que la riqueza es
consecuencia del trabajo humano colectivo, en vinculación armoniosa y
respetuosa con la naturaleza; ellos, no trepidan en destruirla si pueden
obtener lucro; se apropian de la riqueza que nosotros generamos. Ellos creen en
la salud, en la educación y en la previsión privada; nosotros en cambio,
creemos que la salud, la educación y la previsión son derechos fundamentales
irrenunciables que el Estado debe garantizar a todos los trabajadores, tanto en
su vida activa como pasiva, independiente de su condición social, y que por
tanto no puede estar sujeta al lucro. Ellos, creen en el individualismo y
apoyan a sacerdotes vinculados a las más atroces y espurias conductas, como
Karadima. Los trabajadores, creyentes o no, creen en lo colectivo, en el
esfuerzo mancomunado y practican la solidaridad real como parte de su vida, con
sus escuálidos ingresos. Ellos, solidarizan con cargo a franquicias tributarias
como los hacen por ejemplo en la
Teletón ….
En nada nos parecemos a ellos.
Nada tenemos en común con los empresarios, al contrario, su filosofía es
atentatoria a nuestra propia existencia, nos condenan a la barbarie. Nos
impiden ser felices. Sólo durante enero, se desarrollaron más de 20 huelgas
donde los trabajadores demandaban cosas pequeñas, como respeto, dignidad y
pequeños aumentos salariales. La respuesta mayoritaria fue de prepotencia e
intransigencia y no es porque sean empresas que tengan pérdidas, al contrario,
son compañías con cuantiosas utilidades. El problema es otro, ellos no están
dispuestos a ceder, es un tema ideológico, quieren hacer desaparecer al
Sindicato como sujeto de derecho, quieren eliminar del vocabulario la palabra
“colectivo”, y no cederán por muchas huelgas parciales que hagamos. La
conclusión que debemos inferir, es que estamos en una etapa de la historia que
exige una nueva estrategia, pero sustentada en una “nueva moral”, es decir, un
nuevo conjunto de prácticas, de creencias que tome en cuenta que nunca la
justicia laboral vendrá de la caridad de los empresarios, mucho menos el
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, en especial de ese 75%
de chilenos que trabajan por un ingreso inferior a los 350 mil mensuales.
Lo hemos dicho, los trabajadores queremos vivir en paz, pero los empresarios no
nos dejan. Nos declaran la guerra en todos los frentes: en los bancos, en las
AFP, en las Isapres, en el Retail, en las farmacias, en las clínicas, en las
universidades privadas, en el gran comercio, o sea, en todas partes. Nos atacan
con los cobros abusivos, con tasas de intereses usureras, con costos de
administración que nadie entiende. ¿Y cuál es el rol de Estado en esta materia?
Reafirmar el carácter civil (liberal) de las relaciones laborales y sociales
del país, donde sea el “mercado” (por mercado entiéndase, colusión de los
poderosos para fijar precios y políticas, jamás piense en libertad entre oferta
y demanda) quien las resuelva, despojando al Estado del rol tutelar de los
derechos fundamentales.
¿Qué nos queda? una sola cosa, prepararnos para esta guerra declarada. ¿Cómo?
Con más unidad y con más organización. Unificando todas las iniciativas de los
que luchan, de los que mantienen en alto la autonomía y la independencia
política y que no están dispuestos a capitularle ni al gobierno de turno ni a
los empresarios. Con una organización clasista que represente sólo los
intereses de los trabajadores y que jamás pacte a espaldas con las autoridades,
que jamás hipoteque su independencia apoyando gobiernos liberales. Este
esfuerzo exige mucha generosidad de todos, desterrar las prácticas sectarias,
pero, siendo profundamente intransigente en el respeto a la autonomía, lo que
exige sobrepasar a la burocracia sindical que es uno de los peores escollos que
tenemos los trabajadores para avanzar.
¿Qué formas de lucha? Todas.
Los trabajadores ante la imposibilidad de ejercitar derechos fundamentales
estamos en todo nuestro derecho de buscar otras formas de lucha, que superen
los marcos estrechos de esta legislación espuria elaborada por ellos mismos
para frenar nuestras organizaciones en la defensa de nuestros derechos. En
Temuco, los empresarios, muchos de ellos terratenientes, sin tapujos se armaron
y amenazaron que defenderían a balazos sus propiedades e intereses y contaron
con el espaldarazo de ministros como el de Agricultura y el del Interior. Es
decir, nos confirmaron que el Estado de Derecho hay que usarlo como les dé la
gana, se trata de cautelar sus intereses.
Hemos sido notificados, ello despeja las dudas. Nosotros, los de este otro lado
de la acera, aquellos que vivimos con salarios mediocres ¿podemos llegar a
acuerdos con estos pistoleros del empresariado, que se empeñan en destruir
nuestros sueños e ilusiones, endeudándonos y haciéndonos prisioneros de su
sistema? Difícil por no decir imposible. Entonces ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el
camino? hay que derribar toda esta falsa conciencia instalada por los medios de
comunicación que ellos controlan y que busca enajenarnos. Debemos combatir todo
ese discurso “sacerdotal” pusilánime que profesan algunos para someternos
diciéndonos que la felicidad no está en este mundo si no en el más allá. Si
comenzamos a socializar nuestras demandas, si instalamos una práctica
discursiva que incorpore descarnadamente la realidad, sin tapujos, si
instalamos en nuestros análisis claramente la lucha de clases estaremos
avanzando hacia formas superiores de comprensión, de organización y de disputa
que nos potenciaran para remover los cimientos de este sistema capitalista
injusto e inmoral.
Debemos canalizar toda esta bronca, este odio acumulado activado por el abyecto
asesinato de Juan Pablo Jiménez, para luego canalizarlo inteligentemente contra
estos inmorales que viven y duermen tranquilos a pesar de sus responsabilidades
en estos hechos.
Queda claro y debemos entenderlo: ellos tienen una moral distinta a la nuestra.
La honradez de la que se ufanan es delictual, es aquella que castiga con años
de cárcel a quien se roba una gallina; pero perdona a los ladrones de cuello y
corbata. La nuestra es pura, es transparente, es ingenua, a veces estúpida,
pues les creemos. La de ellos es criminal, cuando ven afectados sus intereses
no reparan en recurrir a todos los medios, lícitos e ilícitos, asesinan
mapuches, dirigentes sindicales y, si con ello no se sienten satisfechos,
promueven y apoyan Golpes de Estados.
¿Cuál es entonces nuestra tarea? Organizarnos, unificarnos y prepararnos para
una gran batalla: la batalla por la dignidad; la batalla por la negociación
colectiva que nos niegan; la batalla por un mundo más justo, más humano, sin
explotados y sin explotadores. Ninguna confianza en las instituciones del
Estado, tampoco en aquellos que piden el voto so pretexto del “mal menor”,
mucho menos en quienes pactan con los que han perpetuado este sistema inhumano.
El camino, insisto, está en la unidad, en la organización y en la lucha, así
podremos brindar el mejor de los homenajes a JUAN PABLO JIMENEZ, que deja dos
pequeños y a su compañera en la total indefensión. Debemos dar señales
concretas ahora, el mañana juega al servicio de los asesinos de Juan Pablo y
abre los apetitos de otros canallas empresarios para saldar las deudas a
balazos con los honestos luchadores.
Audito Saavedra Martínez
Profesor y dirigente.
