Por: Rodrigo Roman
Comparto con ustedes una reflexión necesaria.
Hace exactamente un mes se instaló el segundo mal gobierno
de Bachelet y la marea criminalizadora parece no cesar, más aún, en tiempo
record, se da cuenta de la clara intención del Estado Chileno de consolidar
dicha política. Analicemos dicho aserto en base a las siguientes cuatro
situaciones, a saber.
El 18 de Marzo del corriente, la Intendencia Regional
Metropolitana formuló acusación en contra de VICTOR HUGO MONTOYA ENCINA,
invocando la ley antiterrorista, pidiendo quince años de cárcel para él,
mientras que el ministerio público en la misma causa y por las mismas razones,
aspira a una pena de seis años, también de cárcel para el mismo.
El único antecedente que ambos persecutores tienen para sostener dicha
pretensión punitiva lo encontramos en el testimonio incompleto, ilegitimo y
contradictorio de DOS TESTIGOS RESERVADOS, que de manera imposible le atribuyen
un grado de participación a éste en el atentado explosivo sufrido por el retén
de carabineros de “Las Vizcachas”, ocurrido en febrero de 2013.
El 07 de Abril de este mismo año, se ha presentado también acusación en contra
de EMILIO BERKHOFF, esta vez en el wallmapu, con la misma ley antiterrorista,
aspirando el estado Chileno a una condena de 30 años de cárcel para Emilio.
Asimismo, el único fundamento de las citadas acusaciones consiste en los
también incompletos, ilegítimos y contradictorios testimonios de catorce
testigos sin rostro. Por su parte, el pasado 04 de Abril de 2014, RODRIGO MUNDACA CABRERA, dirigente
de MODATIMA, fue condenado por el Juzgado de Garantía de La Ligua , como autor del delito
de injurias en contra del otrora Ministro del Interior y ahora “empresario de
las aguas”, Edmundo Pérez Yoma, por cuanto aquel, a viva voz, durante el mes de
Marzo de 2012, en la plaza pública de dicha ciudad, procedió a denunciar las
irregularidades que éste, a través de la empresa “El Condor”, de su propiedad,
comete con el citado recurso natural, el cual es bien sabido, ha sido objeto de
inescrupulosos negocios por parte de los ricos y los poderoso, al punto de
encontrarse actualmente en el norte de nuestro país, particularmente,
situaciones de extrema gravedad, dada la escasez de él, como así también sus
altos índices de contaminación.
Asimismo, el día 12 de Abril recién pasado y de manera increíble, el 7° Juzgado
de Garantía de Santiago condenó a cuatro jóvenes como autoras del delito de
atentado a la autoridad, a las penas de 30 horas de trabajo comunitario, ello,
como resultado de la ocupación del edificio del “ex congreso” en Santiago,
hecho ocurrido el día 20 de Octubre de 2011. El fundamento de dicha condena,
según el juez, los encontramos en la circunstancia que esta cuatro chicas, a la
sazón de quince y dieciséis años de edad, habían osado subirse a la mesa en la
cual sesionaba la clase política aquel día con el propósito de evacuar, como
siempre, sus políticas tramposas. El caso de estas chicas inevitablemente me
lleva a la vieja Rusia y su condena a las “Pussy Riot”, quienes se atrevieron a
desafiar al temible Putin, de la misma forma pacífica como lo hicieran nuestras
“pussys” chilenas. Valientes aquellas y éstas.
Estos cuatro casos, que no son los únicos, dan cuenta de la forma como se
expresa en la actualidad la política de criminalización de la disidencia
impulsada por el “gobierno de Chile”, por medio del dócil y genuflexo
ministerio público, más en su caso, a través de las Intendencias o derechamente
el ministerio del Interior, órganos los cuales, todos, actúan al servicio de
los ricos y los poderosos, siendo finalmente los encargados de llevar a sede
judicial la protesta social, por un lado, mientras que por el otro, en el caso
de Montoya y Berkhoff, se sirven de la cuestionada e ilegítima ley
antiterrorista, ley penal especial que desde los tiempos de la dictadura de
Pinochet ha servido a los poderosos para perseguir la disidencia y mantener su
actual modelo de exclusión y miseria.
Lo peligroso entonces, para una sociedad que se dice democrática, es que
quienes nos gobiernan mal utilizan el derecho penal, para fines que nada tienen
que ver con la naturaleza de éste, cual es la persecución de los delitos, más
no, de la disidencia, cual al menos de la perspectiva del derecho, es
consustancial al cuestionadamente llamado Estado Democrático Social de Derecho
que nos rige, todo ello, según la academia y sus académicos.
