Por: Andrés Figueroa Cornejo
I.- La primera semana de
noviembre de 2014 fue designado por la presidenta Bachelet el nuevo
Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile (FACH), Jorge Robles Mella. Durante el
cambio de mando fue consultado por la prensa respecto de los casos de crímenes
políticos cometidos por la tiranía donde están implicados miembros de su rama
castrense. El Comandante Robles se limitó a responder fuerte y claro que “El
tema de los Derechos Humanos es un capítulo cerrado”. Y como es tradición de
los gobiernos civiles luego de un cuarto de siglo administrando uno de los
capitalismos económicamente más liberales del planeta y culturalmente, más
conservadores, ninguna autoridad gubernamental o de la jerarquía religiosa dijo
nada sobre las aseveraciones políticas del nuevo señor del aire. Un par de
voces de lo que resta de las agrupaciones de DDHH y cuyos funcionarios/as son
dirigentes del conglomerado gubernativo, emplazaron al militar. Y caso cerrado.
Lo cierto es que debido a que los
dueños de todo no están dispuestos a ceder nada (¿por qué habrían de hacerlo si
aún nadie golpea con fuerza sus palacios blindados?), los últimos meses, al
menos en un Santiago que concentra a un 40% de la población del país, se han
vuelto corrientes los avisos de bombas en lugares públicos. Afortunadamente, un
ínfimo porcentaje de ellos han resultado verdaderos. Sin embargo, justifican la
puesta en escena de operativos policiales tipo CSI-Santiago, que generan
cierto clima de conveniente temor entre la gente, por un lado,
y normalización de procedimientos policiales, por otro. Asimismo, las
pocas oportunidades en que las bombas han estallado, han costado la vida de
inocentes.
¿A quién le interesa la muerte de
inocentes y sencillos con objetivos políticos? ¿A quién le interesa agredir
físicamente y a la manera de la mafia y los sicarios al secretario general del
Partido Comunista, como si el secretario general del Partido Comunista fuera un
obstáculo para la revolución socialista o un enemigo clave para la burguesía?
¿A quién le interesa asesinar mapuche, apresar y torturar a los/as jóvenes
empobrecidos que luchan por la justicia social, reprimir a las comunidades
movilizadas contra la violencia del extractivismo y la apropiación
empresarial del agua potable, y a los trabajadores en huelga?
A la juventud popular y rebelde,
no. A los intelectuales orgánicos de los oprimidos/as, no. A los anarquistas, anarco-comunistas,
anarco-sindicalistas, anarco-insurreccionalistas, a los libertarios parecidos a
los de antes, a los que se hacen llamar libertarios por no encontrar mejor mote
para nombrar a su indignación, a los nacional-libertarios, etc., no.
En Chile sólo ha existido
terrorismo de Estado. Las leyes antiterroristas impuestas desde los gobiernos
civiles son cláusula imperialista y represión precautoria (aniquilar al disenso
antes de que crezca), manga ancha para sangrar a quienes levantan la cabeza
siquiera sea para tomar aire.
Terrorismo es la cruzada bélica
de última generación con fines geo-económicos de los EE.UU. y la OTAN en Medio Oriente, del
sionismo en la Palestina
ocupada, de Marruecos sobre el pueblo saharaui, del Estado islámico contra el
pueblo kurdo, de los Estados hondureño, paraguayo, colombiano contra sus
pueblos.
En consecuencia, el terrorismo
tiene que ver con el fascismo.
II.- Como la historia concreta no
es un conjunto de anécdotas dispersas sino que la expresión leal de la densidad
de la lucha de clases, de las relaciones de fuerza y de poder entre la minoría
que ordena y la voluntad colectiva de la mayoría que puja por la realización de
sus intereses en un momento dado, los dichos del Comandante de la FACH en materia de derechos
humanos ilustran el estado del arte del conflicto social chileno, al menos en
sus aspectos más gruesos e inmediatos. Por ejemplo, en México –tan
sobreexplotada su humanidad y tan saqueada su naturaleza por las corporaciones
de los capitalismos centrales, como en Chile-, decenas de miles de personas
atiborraron recientemente las calles de ciudades y pueblos, exigiendo la
renuncia del presidente Enrique Peña Nieto a causa del asesinato de los 43
normalistas y otros tantos militantes del Congreso Nacional Indígena y el EZLN.
En México, la crisis de credibilidad del sistema político y sus partidos
funcionales, en el sentido común de la población en acción adquiere las maneras
del hartazgo ante el llamado corrupto narco-Estado y mal gobierno. Es
decir, la protesta del pueblo que realizó la primera revolución social en América
Latina, finalmente comienza a cobrar dimensiones no existentes antes para
destruir el consenso o la denominada paz social que demanda el capital para su
reproducción bajo control y poca incertidumbre. Mientras tanto, en el
Chile-Estado-policial en general, y militarizado en particular en el
territorio mapuche en lucha, la sociedad aún es presa del miedo y la
alienación devenida esencialmente de la deuda y la alta rotación y
volatibilidad del trabajo. Más allá de toda propaganda por arriba
(dirigida en dos sentidos: tanto como tracción de la inversión extractivista
minera, energética y forestal, como para intentar mantener la mansedumbre de la
comunidad, como si la gente debiera ser cómplice de un crimen que nunca
cometió), de acuerdo a la encuesta Adimark de octubre de 2014, sólo un 17% de
la población confía en la televisión. Ello significa que la inmensa
mayoríasabe que los discursos tranquilizadores y el mensaje unívoco
repetido una y otra vez por el poder y sus medios monopolizados (incluso
más que en los tiempos en que la dictadura del capital tuvo la forma de tiranía
militar), no se corresponden con la realidad.
He aquí entonces, uno de los
principales desafíos de las fuerzas destacadas a transformar las presentes
relaciones sociales, de producción, de propiedad: cómo colaborar eficientemente
con la politización de la desconfianza popular sobre un sistema político que
aparentemente contiene su alternancia, toda vez de que se trata de un único
proyecto de sociedad en curso desde hace más de 40 años. Y cuando se escribe
“colaborar”, se quiere decir cómo hacerlo desde dentro del propio pueblo
despierto y hoy repartido en distintos enfrentamientos anticapitalistas.
No desde afuera, no como uno o muchos aparatos políticos o
político-militares que portan la valentía, el conocimiento terminado, el
horizonte traducido del proyecto liberador, como si fueran un padre, un
diccionario ilustrado, o una oferta. La emancipación social no es una
alternativa política, es la misión histórica de la humanidad, independientemente
de las formas que adquiera.
III.- Sólo para refrendar la
crisis de representatividad y credibilidad popular del sistema político chileno
con las propias metodologías de los concesionarios del Ejecutivo y el
Legislativo, es suficiente observar los resultados de la misma encuesta
Adimark. Según la consulta, la aprobación de la mandataria Michelle Bachelet,
por cuarto mes consecutivo llegó a un 45% y su desaprobación aumentó hasta un
47% (lleva 8 meses en el cargo). El gobierno fue aprobado por un 42%. Apenas el
40% de los encuestados conoce a 14 de los 23 ministros de cartera. La Nueva Mayoría fue
evaluada positivamente por un 33% y mal evaluada por un 55%, mientras que la
oposición sistémica, la
Alianza, fue aprobada por un 22% y desaprobada por un 66%.
Las áreas peor calificadas correspondieron a salud, educación y vivienda, ejes
programáticos de los inquilinos de La
Moneda, junto a la llamada reforma tributaria (regresiva), el
sistema único y privado de seguridad social (que no se toca, sino que termina
por consagrarse, y que, de continuar tal como está, condena y condenará a más
de un 80% de los trabajadores/as inactivos o jubilados/as a pensiones mínimas y
de hambre); la reforma laboral (que bajo el argumento de la desaceleración
económica, simplemente no se efectuó); y la reforma de la Constitución, que fue
postergada para un futuro incierto ante las presiones empresariales y las
escasas resistencias de quienes la prometieron en la última campaña electoral.
IV.- De alguna manera, y si un
gobierno se reduce a un programa, puede afirmarse que antes de cumplir un año,
ya terminó la segunda administración de Bachelet. No es una sorpresa, pero es
preciso constatarlo a la hora de caracterizar rápidamente la contingencia.
V.- Casi toda la última década,
la movilización social de envergadura en Chile, además de la lucha mapuche
(anterior a la invasión española y a la guerra declarada del Estado chileno) se
ha centrado en el ámbito educacional. Pero toda sociedad dividida en clases
sociales produce una educación de clase (
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107228).
El sistema de enseñanza es parte de la totalidad opresiva del capital,
productora de trabajadores/as calificados para los requerimientos del
empresariado; sobreproductora de esos mismos trabajadores/as calificados con el
fin de bajar todavía más el precio de su labor, y es industria irracional de la
educación en tanto mercancía generadora de ganancia. Su propaganda está
asociada al mito de la enseñanza como promesa de movilidad social, cuando en la
realidad existe precarización y empobrecimiento de los profesionales y
técnicos.
Aquí no se ingresará a la
discusión falsa sobre “el lucro” o el “no lucro” de la educación (término moral
que enmascara y explica las utilidades del negocio como fin en sí mismo, más
aún en el capitalismo de vanguardia chileno). Aquí no se fundamentará el
contenido aspiracionalde la demanda, ni sus requerimientos provenientes de
la OCDE, del
Banco Mundial, del FMI y otras instituciones mundiales que establecen la
gramática jurídica de la deuda sin fin y la mantención del actual orden de las
cosas. Aquí únicamente se reproducirá el resultado de las investigaciones del
Observatorio Chileno de Políticas educativas,
http://www.opech.cl/, realizado junto a otras entidades
reflexivas y críticas de la materia:
“Propuesta de Medidas Esenciales
para una Nueva Educación Pública:
El debate educativo actual tiene
varias aristas que complejizan su compresión por parte de la ciudadanía.
Principalmente, presenciamos las maniobras del gobierno de la Nueva Mayoría que ha
planteado modificaciones y anuncios desarticulados que sólo permiten hacer
análisis parciales. Por otra parte, las medidas aisladas, aunque afirman
fortalecer la educación pública, lo hacen desde una interpretación tan ambigua
de “lo público”, que terminan fortaleciendo el supuesto “aporte público” de los
establecimientos privados.
A nivel comunicacional, el
gobierno ha concentrado su discurso en defensa de la libertad de elección, la
libertad de enseñanza y un sistema de provisión mixta. Este argumento es
ahistórico y conservador. En la práctica, consagra la extinción de la educación
pública que se inició desde principios de los años 80 y que fue intensificada
bajo los gobiernos de la
Concertación. Si bien en Chile siempre ha estado
presente la educación privada, el sistema educativo previo a la instalación de
la dictadura era preferente y mayoritariamente público.
Existe amplia evidencia que el
sistema escolar está altamente segregado, que continúa el declive de la
matrícula y de establecimientos de la educación municipalizada y, de forma
paralela, se aumenta y fortalece la oferta privada. Además, se ha desdibujado
un proyecto educativo público, inclusivo, integral y con pertinencia social en
las escuelas municipales. En reemplazo se consolida uno competitivo,
estandarizado y segregador, que invade incluso al sistema municipal. Es por
esto que se torna relevante señalar que no hay una educación pública que
defender, sino una educación pública que debemos reconstruir.
Existe una falta de perspectiva
sobre dónde debiese apostar un proceso de reconstrucción de lo Público. El
gobierno ha generado llamados a “participar” que son abstractos, improvisados,
y desconocen la historia de organización y de generación de propuestas del
movimiento social.
Nos encontramos frente a dos
agendas. Una, de carácter formal, establecida principalmente por el Ministerio
de Educación, pero también instalada por los centros de opinión pública,
partidos políticos y, en general, por la elite religiosa y empresarial que se
encuentra tanto dentro como fuera del espacio educativo y que a su vez hacen
parte del gobierno. Por otro lado, los movimientos sociales han levantado otra
agenda con criterios y propuestas para la construcción de una educación pública
que sea pertinente para las mayorías.
Algunas Medidas Esenciales para
una Nueva Educación Pública:
Desde la experiencia de los
actores sociales movilizados, hemos recopilado una serie de propuestas
esenciales para fortalecer la educación pública, pero no de cualquier tipo,
sino aquella que sea pertinente para las comunidades, participativa,
democrática e inclusiva y que derechamente confronte la hegemonía
neoliberal.
1. Descentralizar y
territorializar la nueva educación pública. Esto implica contar con la
institucionalidad adecuada que permita implementar las políticas educativas a
cada contexto, y cuente con las condiciones para dar respuesta rápida y
oportuna a las necesidades educativas de cada localidad y, al mismo tiempo,
facilite la participación activa de la comunidad educativa en las definiciones
curriculares, de gestión y administración en cada establecimiento.
2. Refundar una educación pública
participativa. Es necesario eliminar todas las trabas a la participación: en el
caso de la educación básica y secundaria, se deben modificar los consejos
escolares, para que se tornen resolutivos; para el caso de la educación terciaria,
se deben derogar los decretos que inhiben la participación. En ambos casos, es
primordial construir todas las condiciones para garantizar una participación
efectiva. Es importante superar la idea de la participación formal y apostar a
una participación sustantiva, democrática, verificable, con control
comunitario. Para ello es fundamental construir condiciones para la
participación, es decir, otorgar los espacios de deliberación, con la
representatividad adecuada de todos los miembros de la comunidad educativa,
financiamiento y tiempo adecuado, para generar espacios realmente
resolutivos.
3. Generar una educación pública
que sea de construcción colectiva y propuesta permanente, en contraposición a
soluciones tecnocráticas desvinculadas de la realidad local. En este sentido,
proponemos que debiera levantarse un debate amplio y constituyente de la
educación, permanente y legitimado desde el plano local, que se pronuncie sobre
temas como: el significado de la libertad de enseñanza, los alcances del derecho
a la educación, y el proyecto educativo nacional, el rol del Estado, entre
otros temas.
4. Construir un nuevo currículum
para la Educación
pública. Esto conlleva deliberación y reflexión con las grandes mayorías. Debe
referirse a qué tipo de ser humano y qué tipo de convivencia se pretende en la
escuela y en el conjunto de la sociedad. Un currículum fruto de este proceso de
trabajo con las comunidades debe ser de carácter situado, pertinente, integral
y en permanente revisión y discusión.
5. Construir un sistema nacional
articulado en todos sus niveles, desde la educación parvularia hasta la
educación superior. Esto va en contra de la idea de mercantilización y la
fragmentación educacional, que permite un amplio, diverso, y complejo negocio
educativo, en todas sus etapas y áreas de especialización. Además, un sistema
educacional de estas características permite que las luchas y movilizaciones se
hagan desde la unidad de los trabajadores y estudiantes y no solamente de
manera gremial o aislada.
6. Desestandarizar la educación.
Eliminar el SIMCE, porque es una medida de competencia en el mercado, y para el
control gerencial de los colegios y los actores educativos. Es necesario
cambiar el paradigma actual que se sostiene sobre la base de mecanismos de
estandarización que instrumentalizan el conocimiento en función de valores e
intereses neoliberales.
7. Desmercantilizar la educación.
Eliminar la concepción de que la educación es un servicio y reposicionarla como
un derecho social. De esta manera, se eliminará la competencia entre las
escuelas por una lógica de colaboración. Entre otras medidas esto implica,
eliminar las ATE, ya que el Estado debe construir un sistema de apoyo
institucionalizado y permanente. Es necesario superar la lógica mercantil en
todas las instituciones educativas, incluyendo las estatales en sus
diversos niveles. Esto implica fiscalizar y finalmente eliminar los grandes
negocios presentes hoy en la educación pública: editoriales, empresas de
alimentación, constructoras, etc.
8. Generar una Educación
inclusiva y no discriminadora. Esto se traduce, entre otras iniciativas, en que
ningún establecimiento educacional pueda seleccionar, en base a su proyecto
educativo, exigencias económicas u otras medidas segregadoras. La educación
pública no puede permitir las escuelas segregadas por género; tampoco se puede
permitir la discriminación de género tanto en las relaciones interpersonales
como en el contenido o materias curriculares.
9. Eliminar los mecanismos
secundarios de selección, como la organización de cursos en relación al
rendimiento académico. A su vez y en un mediano plazo, cada escuela pública
debiese garantizar las condiciones de infraestructura y equipo humano
disponibles para los y las estudiantes con necesidades educativas especiales y
proyectos que incorporen adecuadamente procesos de educación intercultural, que
respeten las tradiciones, valores, diversidad, identidad, y cultura de cada
pueblo, incluidos los inmigrantes.
10. Fortalecer la formación
docente y mejorar las condiciones de trabajo. Algunas medidas son: disminuir
las horas lectivas, elevar los salarios, establecer una carrera única de
profesores de Estado. Es fundamental restituir la deuda histórica en su sentido
amplio: además del justo e ineludible reparo económico, se deben abordar temas
como la imagen social de los profesionales de la educación, una estructura de
apoyo permanente a los docentes, particularmente en las problemáticas de salud
laboral de los trabajadores de la educación.
Por otra parte, un buen camino
que apunte a la unidad de los trabajadores de la educación es que el Colegio de
Profesores deje de ser una organización meramente gremial, para convertirse en
una unión sindical de trabajadores de la educación.
11. Cambiar el modelo de financiamiento
de subvención a la demanda, por uno basal a colegios públicos, que cubra los
costos reales y de acuerdo a las necesidades de cada comunidad educativa. Por
ejemplo, los colegios rurales y de localidades aisladas, así como las escuelas
urbano–populares en contextos complejos requieren más recursos que los
actuales. De forma paralela se deben congelar los aportes del Estado a
instituciones privadas y en caso de recibir financiamiento público, estas
instituciones deben cumplir una serie de exigencias y ser susceptibles de ser
fiscalizados por Contraloría en el uso de sus recursos, ya que éstos provienen
del Estado. Hoy no puede haber el mismo trato entre la educación pública y la
particular subvencionada: por ello, dentro de las medidas urgentes, es importante
eliminar las donaciones empresariales con fines educacionales, ya que éstas
fortalecen sólo a un grupo.
12. Creación de Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica Estatales. En este sentido, INACAP
debiera volver al Estado, ya que le fue arrebatado a éste en la década de los
80 y entregado a grupos vinculados al gran empresariado, representados en la Confederación de la Producción y el
Comercio (CPC). Asimismo, los 70 Liceos Técnico Profesionales traspasados según
el Decreto 3166 a
corporaciones empresariales en esos mismos años debieran volver a la Administración del
Estado (MINEDUC). Se debe además, formar profesores especialistas para la Educación Media
Técnico Profesional. Además, es necesaria también la articulación entre la enseñanza
media técnico profesional y la formación técnica superior.
13. Incorporar, como parte de un
nuevo sistema de educación pública, un financiamiento permanente a las
iniciativas autogestionarias de educación popular, muy extendidas actualmente
en el país. Estas alternativas son un hecho y contribuyen significativamente a
la recomposición del tejido social. Si la Iglesia y el empresariado reciben dinero del
Estado para educar, ¿por qué no las organizaciones populares?
Ninguna de estas propuestas, por sí
sola, basta para que sea considerada como válida. Hemos sido testigos de la
estrategia de la clase dirigente de extraer el título de alguna iniciativa, de
forma aislada, pero además cambiando el contenido y propósito, para mostrarse a
favor de las demandas de los movimientos educativos y sociales.
Por otra parte, es imprescindible
que estas propuestas sean continuamente debatidas y deliberadas.
Ante las acciones de la Nueva Mayoría de
englobar a las iniciativas legislativas como reformas, que se deciden en el
aquí y ahora. La apuesta es a seguir trazando un horizonte en el que a la
educación se le quite su carácter mercantil y se reconstruya una Educación
Pública para las actuales necesidades de las mayorías.”
VI. Tampoco es asunto nuevo que
el sindicalismo en Chile se encuentra en bancarrota desde los primeros días del
golpe de Estado de 1973. Lo interesante para comprender la actualidad es la
información ofrecida por el Centre for Social Conflict and Cohesión Studies
(COES) y su Boletín Nº 2 de huelgas laborales correspondiente al cuatrimestre
de mayo-agosto de 2014. Allí se indica que en el período acotado, ha habido un
62.6% de huelgas legales y un 34.7% de huelgas ilegales. El Boletín afirma que
“la huelga ilegal ha sido mucho más convocante en términos de masas
trabajadoras involucradas que la huelga legal (tanto a nivel de sumatoria, como
a nivel del promedio por cada acción huelguística)”, y que “la Región Metropolitana
es la que concentra la mayor cantidad de eventos huelguísticos con un 54% del total,
seguida por los tipos de huelgas multi-regionales con un 7.3% y las regiones de
Valparaíso y Bio- Bío, ambas con un 6.6%”.
Asimismo, el informe dice que
“las huelgas de este periodo se sitúan principalmente en las ramas de
Industrias manufactureras y de Enseñanza (16.2% en ambos casos), en Transporte,
almacenamiento y comunicaciones (15.5%); y en Comercio (14.8%). Ahora bien, al
desagregar las huelgas por su condición de legalidad en cada rama de actividad
económica, podemos apreciar una distinta composición entre ellas: las huelgas
legales se concentraron principalmente en la Industrias
manufactureras (26.1%), Comercio (20.5%) y Enseñanza (12.5%), mientras que las
ilegales se produjeron en mayor medida en el Transporte, almacenamiento y
comunicaciones (29.6%), Enseñanza (2.2%) y Servicios sociales y de salud
(2.2%)”. Y añade que “la concentración de huelgas se ubica en la gran empresa
por amplio margen, con un 79%; seguida por la mediana empresa, con el 14% de
los casos. Este porcentaje decreciente de eventos huelguísticos según el tamaño
de empresa se corrobora con la tesis recurrente dentro de los estudios
sindicales, a saber, que el sindicalismo chileno se concentra mayoritariamente
en la gran empresa”.
Sobre las tácticas de lucha de
los trabajadores/as, el estudio expresa que “hay una primacía de la marcha con
un 23% del total de tácticas, seguida de los cortes de ruta (15%) y de las
manifestaciones o movilizaciones (1%) en lugares específicos. Es importante
destacar que la cantidad de tácticas presenta bastante variedad: se registraron
18 tipos en total; cuestión donde hay presencia de tácticas bastante
convencionales (tácticas judiciales, conferencias de prensa, asambleas, huelga
de brazos caídos), otras más artísticas (coros, cánticos, etc.), otras más
disruptivas (cortes de ruta, piquetes externos), hasta algunas incluso
autodestructivas (huelgas de hambre)”. Respecto de los “Aliados del
sindicalismo, del total de huelgas registradas en el cuatrimestre, tan solo en
un 12.9% se expresó la presencia de un grupo que apoyaba la huelga, vale decir,
el sindicalismo se encuentra generalmente aislado a la hora de presentar esta
forma de conflictividad. Aún más, un 31.6% de las huelgas que recibieron apoyo
fue de parte de trabajadores no vinculados directamente con el paro. En más de
la mitad de los casos los aliados fueron estudiantes y sólo un 10,5% fueron
autoridades públicas (diputados, por ejemplo)”.
Finalmente, el Boletín concluye
que existe “un fenómeno estructural del desigual poder entre los factores de
capital y trabajo en las relaciones laborales, en el momento en que dicha
normalidad sociolaboral se torna un conflicto abierto y, en específico, con una
paralización deliberada de la producción por parte de una organización de
trabajadores –típicamente el “sindicato” formal, mas no necesariamente-. Aunque
la extensión del sindicalismo nacional sea muy escasa en comparación al
conjunto de trabajadores del país y, de forma más acentuada aún, el fenómeno de
la huelga sea también escaso en relación al conjunto los sindicatos, es
relevante estudiar esta forma de acción excepcional a la normalidad productiva,
toda vez que ella rompe de forma explícita y organizada con ésta. (…) El
fenómeno en sí reviste suficiente importancia como para comprender, con esta
las tendencias actuales en el quehacer de los trabajadores/as. En el contexto
de las nuevas tendencias sectoriales, destaca la rama económica de comercio con
un buen porcentaje de huelgas realizadas y, asimismo, con una fuerte potencia
en cuanto DHTP, algo poco común en su dinámica de las últimas décadas. La rama
que más destaca en DHTP, eso sí, es la enseñanza, con un ya consolidado
movimiento de trabajadores. Pero destacan también entre las debilidades de la
huelga chilena: (a) el que se realiza con una alta concentración a nivel
regional –predomina por lejos la actividad en la Región Metropolitana;
y más profundamente, (b) que lo hace con una muy excesiva concentración en la
mediana y gran empresa, al reflejar necesariamente el gran déficit de la fisonomía
del sindicalismo nacional, a saber: aún no capaz de organizarse ‘por arriba’ y
‘entre’ la avanzada fragmentación productiva, lo cual tiene a los trabajadores
con escasa cohesión social y tan dispersos hoy entre múltiples etapas de
trabajo, tipos de oficios y localizaciones productivas.
Por último, y de modo transversal
a todas estas variables, se observa que la tendencia chilena a mantener un buen
número de huelgas ilegales, manifiesta algo poco común para los
chilenos/as: actuar en disconformidad o ajenos a la
institucionalidad”.
Los datos entregados son madera
para otro fogón, pero ya por sí mismos grafican la situación y movimiento real
de los asalariados/as organizados, materia prima para los activos
anticapitalistas en acción.
VII. En medio de la noche cerrada
del planeta capitalista y sus modos nacionales en Chile, ahora se recrea el
combate por la libertad y la igualdad, por la estrategia de socializar todos
los aspectos de la vida, ya no como si el Partido Comunista, el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hubieran
realizado su labor de manera incompleta, y sólo bastara resetear de manera
corregida esos empeños para estar más cerca de la victoria. Todos y cada uno de
esos emprendimientos políticos tuvieron un contexto de producción que
objetivamente no rima con la actual fase del capitalismo y sus contradicciones.
Fueron productos políticos de su tiempo: sólo allí se explican sus conquistas y
también sus límites. La realidad juzga su comportamiento político de manera
implacable. Cualquier reivindicación que escape al homenaje y al aprendizaje
obligado poli-éticamente de sus conductas históricamente enmarcadas, es puro
fetichismo, cosificación, melancolía, pasado.
El nuevo instrumental político de
la revolución chilena se encuentra en su momento fundacional, prometeico.
Enfrenta todas las adversidades y todos los desafíos otra vez, y en condiciones
de altísima incertidumbre. Ese es su signo, la estatura de su horizonte y su
naturaleza épica.
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