viernes, 12 de octubre de 2012

UN FELIZ DÍA PARA LOS PROFESORES DE CHILE



Un Triple Abrazo Fraterno a todos los profesores del Instituto Nacional, Gral. José Miguel Carrera. También un gran reconocimiento a todos los profesores Chile, que con su esfuerzo diario entregan conocimiento a mucho niños que serán el futuro del país.

Hoy más que nunca la docencia pasa a ser la piedra de tope de la buena educación, como dicen algunos políticos, no entendiendo que no son los profesores sino el sistema educativo, que nos esta hundiendo día a día, lo que en tiempos pasado fue orgullo de nuestra Nación.

Recuperemos una educación republicana, laica, humanista, del estado y rescatemos la dignidad de los profesores de Chile.

Vivan los Profesores.








Una nueva Constitución

Por: Eduardo Contreras 

Aunque nadie debe suponer que una nueva Constitución, por sí sola y por arte de magia, resuelva los problemas de la sociedad toda vez que lo principal sigue siendo la lucha del pueblo y, en definitiva, el control del poder político, lo cierto es que la exigencia de una nueva Constitución para Chile y la convocatoria para lograrlo son asuntos que están planteados a la orden del día en nuestro país.

Tiene pleno sentido si se considera que Chile es el único país de la región en que tras una dictadura que impuso mediante el terror un sistema institucional, político y económico en favor del gran capital, continúe hasta hoy en los estrechos marcos de ese modelo y se mantengan esas mismas normas constitucionales con levísimas reformas.

Consecuentemente, los únicos que no se suman a la exigencia del cambio institucional son los partidarios a ultranza del neoliberalismo. Se sienten a gusto con un texto que es esencialmente antidemocrático, autoritario. Lamentablemente también se ubican en ese campo conservador algunos que en el pasado reciente posaban de izquierdistas. Hoy se autodenominan “emprendedores” y, con exagerada audacia,se sienten “hombres de Estado”.

La Constitución del 80, dijeron sus autores, consolidaría un modelo social y económico exitoso para chilenas y chilenos. No ha sido así. Sólo se trataba de favorecer a los poderosos. Nada la justifica porque hoy los pobres son mucho más pobres y los ricos inmensamente más ricos.

La encuesta Casen reveló que casi el 7% de los chilenos vive de allegados en otras viviendas y se mantienen altas cifras de hacinamiento en los hogares del pueblo mientras que 67 mil niños menores de 13 años comparten con otros las camas en que duermen. La realidad echa por tierra los argumentos de los partidarios del statu quo.

Lo concreto es que la inmensa mayoría ciudadana está hace años empeñada en lograr un ordenamiento jurídico superior claramente democrático, sin exclusiones, a la par de construir un modelo económico y social más justo, sin marginados.

Hasta la reciente carta pastoral de la Conferencia Episcopal de la iglesia católica llama a “escuchar el clamor de nuestro pueblo” y denuncia las profundas desigualdades; condena el lucro desregulado, exige humanizar y compartir con equidad los recursos y se solidariza con estudiantes y trabajadores. Tal como en dictadura exigieron Pierre Dubois, el inolvidable cura de la Victoria, y otros sacerdotes como Jarlan, Aldunate, Puga, en fin tantos que sumaron su voz a la del movimiento sindical y de pobladores.

Hace pocos días un grupo de senadores encabezado por José Antonio Gómez presentó un proyecto de reforma constitucional a objeto que en las elecciones de noviembre del 2013 se agregue una cuarta urna en la que la ciudadanía decida si se convoca o no a una asamblea constituyente.

Puede discutirse la viabilidad del proyecto a la luz de la actual normativa y puede discutirse diversos otros aspectos de la iniciativa. Pero eso no es lo central, porque lo importante es que se suma a una exigencia colectiva que se desarrolla hace muchos años. Su mérito es sumar esfuerzos, no arriar banderas. Por eso hay que valorar toda propuesta que contribuya al propósito democrático de una nueva Carta Magna, para lo que lo fundamental sigue siendo la movilización de las masas.

La tarea del cambio institucional es tarea de todos. Conocemos de los esfuerzos de la Izquierda chilena y de diversas organizaciones ciudadanas que hace años trabajan en esta dirección así como de los empeños de diversos dirigentes sociales de todos conocidos. Es también deber de las universidades en tanto ellas son centros de pensamiento. Hay que estudiar las constituyentes de otras latitudes. Conocer y estudiar las experiencias de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, que han llevado a cabo interesantes procesos de cambio institucional.

Hay quienes creemos que lo óptimo sería una constituyente elegida con un sistema electoral democrático, universal, que elabore un proyecto que luego se someta por un largo período al debate público de las organizaciones de trabajadores, estudiantes, pobladores, centros de investigación, institutos culturales, escuelas de Derecho de las universidades etc., en fin que no se excluya a nadie de la difusión y discusión del proyecto y que, sólo luego de ese debate de masas, se someta a plebiscito.

Se requiere una Constitución para las grandes mayorías, no para unos pocos privilegiados.Que establezca la absoluta imposibilidad de que aquellos que fueron parte de una dictadura puedan ser designados funcionarios de gobierno y para que no puedan postular jamás a cargos de representación popular, como se estableció en países en situaciones semejantes.

Se requiere un parlamento unicameral, en el que los parlamentarios no tengan privilegios especiales, que vivan del sueldo que tenían a la fecha de ser elegidos. Parlamentarios que estén obligados a rendir cuenta periódicamente de su desempeño a sus electores y que, además, puedan ser removidos de sus cargos por quienes les eligieron.

Que el Estado recupere su papel fundamental en la economía, que regule adecuadamente el funcionamiento de la actividad económica privada, y desarrolle áreas de propiedad mixta.

Que garantice efectivamente el derecho de todos a la vivienda, la salud, el trabajo, el salario digno y la educación.

Que sancione todo tipo de discriminaciones y garantice los derechos del pueblo trabajador a participar en los principales aspectos de la vida nacional.

Que recupere las riquezas naturales, nunca más el fraude del litio.

Que prohíba la intromisión de militares y policías extranjeros en los temas de seguridad nacional y no sea permitido que preparen a los policías chilenos para reprimir al pueblo como hoy sucede y ha sido reconocido.

Una Constitución opuesta a toda forma de neocolonialismo y que de consiguiente no permita la flagrante intromisión del Comando Sur del ejército norteamericano en las instituciones chilenas con operaciones del tipo “Fuerzas Comando 2013” que ya se prepara en Fuerte Aguayo en Concón.

Una Constitución en fin que permita hacer realidad que el ejército y demás ramas de las Fuerzas Armadas sean efectivamente instituciones al servicio del conjunto del pueblo chileno, independientes y soberanas.

Una Constitución que sea producto de un serio y profundo debate de masas, sin excluir a nadie.

El reciente proceso de elecciones presidenciales en Venezuela, la amplísima participación ciudadana que tuvo, el orden y tranquilidad en que se desarrolló, pese a los agoreros de todo pelaje, es una fiel expresión de que el cambio social puede iniciarse y es posible en los marcos de un sistema auténticamente democrático y participativo.

Hay pues que estudiar y buscar en nuestra propia historia constitucional, desde los primeros reglamentos hasta hoy, analizar su contenido de clase, la forma en que se establecieron y sus modificaciones. Ninguna ha sido fruto de un proceso constituyente democrático y participativo y es hora ya que el denominado “soberano” – que se supone que es el pueblo todo– sea quien imponga las reglas del juego.

Una nueva Constitución no nos caerá del cielo ni se establecerá en tiempo breve. Será el producto de muchas nuevas batallas al final de las cuales el pueblo, de nuevo en posiciones de poder, terminará sin duda fijando las reglas de su propio futuro como siempre debió ser y no ha sido hasta ahora.

miércoles, 10 de octubre de 2012

TODOS MARCHAN POR LA EDUCACION 10/10



Mientras en el Congreso ya comenzó la discusión presupuestaria, este 11 de Octubre la mayoría de Chile saldrá a las calles nuevamente, para avanzar hacia una educación pública, gratuita y de calidad, y hacia una sociedad en la que se vean reflejados todos los derechos sociales que hoy el actual modelo nos niega. 

Convocan: 
- CONFECH 
- CONES

- ACES
- Agrupación de Estudiantes Estafados por el Crédito CORFO
- Colegio de Profesores
- CORPADE
- Mesa Social por la Salud
- FENPRUSS

Hora: 18:00
Lugar: PLAZA ITALIA
Recorrido: Plaza Italia - Av. Bustamante - Av. Matta 

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Evento correspondiente a la marcha en SANTIAGO. Para ver las diferentes convocatorias a nivel nacional, consultar este link https://www.facebook.com/events/108745229279335/?ref=ts&fref=ts


Fin del Caso Bombas.


Por: Milan Mauricio Grušić Ibáñez


Provincia imperial, Chile, 10 de octubre de 2012.

Una historia de dolor y sufrimiento de catorce chicos que fueron victimas de un montaje organizado desde el ministerio del Interior y la Fiscalía Nacional. Familias destruidas, inocentes sometidos a terrible experiencias y una madre, Miriam Tamayo, que hoy se encuentra en el Oriente Eterno. Miram siempre permanecerá en nuestros corazones.

He aquí la cronología del Gran Montaje del bullado Caso Bombas.
                                                                                                                  
16 de enero de 2009: Un supuesto grupo anarquista instaló cuatro artefactos explosivos en distintos puntos de la capital, de los cuales dos detonaron. El fiscal metropolitano oriente, Xavier Armendáriz, es designado para liderar las diligencias. El gobierno pidió al Ministerio Público realizar las pesquisas para dar con los responsables.

23  de enero de 2009: El gobierno, a través del ministro del Interior (s) Patricio Rosende, se querelló por el delito de "daños simples" y daños a la propiedad en contra de quienes resulten responsables de los 32 ataques ocurridos entre agosto de 2007 y diciembre del 2008. En el escrito, se mencionan bombazos que han afectado a sucursales bancarias, comisarías, centros de pago, sedes de partidos políticos, un canal de televisión, una universidad y embajadas, hechos por los cuales aún no hay detenidos. La acción legal no invocó la ley Antiterrorista.

27 de marzo de 2009: Un artefacto explosivo con pólvora negra, que finalmente no estalló, fue instalado en una farmacia de Las Condes.

22 de mayo de 2009: Muere Mauricio Morales luego de que le estallara una bomba hechiza en las inmediaciones de la Escuela de Gendarmería en el barrio Matta de Santiago. El artefacto explosivo era similar a los empleados en bombazos anteriores. El joven estaba acompañado de otro individuo captado por la cámara de seguridad de una empresa.

28 de mayo de 2009: Detienen a Cristián Rodrigo Cancino Carrasco, sindicado por la Fiscalía Oriente como el dueño de los 800 gramos de pólvora encontrados en una de las casas okupa allanadas tras la muerte del anarquista Mauricio Morales. Cancino fue formalizado por infracción a la Ley de Armas, quedó con arraigo nacional y firma periódica en el Ministerio Público.

2 de junio de 2009: Con la detención de un joven okupa identificado como Rodrigo Vega Morales, culminó un amplio operativo del Gope de Carabineros en un domicilio ubicado calle Santo Domingo 2409, en Santiago.

9 de junio de 2009: La  Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, recapturó a Cristián Rodrigo Cancino Carrasco, 31 años,  luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su libertad dictada por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

24 de junio de 2009: El ministro del Interior (s), Patricio Rosende, presentó una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía bajo la Ley Antiterrorista,  contra Cristián Cancino Carrasco, quien está imputado por instalar, el pasado 27 de marzo, un artefacto explosivo con pólvora negra en una farmacia de Las Condes. Durante la formalización, el fiscal Francisco Jacir invocó la Ley Antiterrorista, que contempla una pena mínima de cinco años para quienes instalen bombas.

13 de agosto de 2009: gracias a una denuncia de un familiar, encuentran un kilo y medio de pólvora negra, mecha y otros elementos para fabricar bombas en un departamento donde Diego Alejandro Ríos González (22) habitó un tiempo. El entonces sospechoso de los atentados explosivos era buscado reservadamente desde julio de ese año.

11 de diciembre de 2009: "Gracias a Dios los fiscales, finalmente, nos dieron las órdenes para poder hacerlo y vienen en un muy buen momento", expresó el ministro del Interior, Edmudo Pérez Yoma, luego de que trece personas fueran detenidas  tras operativos realizados por Carabineros y la PDI,  por oponerse a los registros y agredir a los funcionarios policiales. La acción se realizó como parte del plan de seguridad antibombas, con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarían el 13 de ese mes. Ninguno de los arrestados fue vinculado con la colocación de artefactos explosivos.

13 de enero de 2010: el fiscal que encabeza la investigación por la serie de atentados explosivos que han afectado al país, Xavier Armendáriz pidió a las autoridades modificar la llamada Ley Antiterrorista y dar mayores herramientas para la persecución penal. "Las deficiencias de mi trabajo las asumo yo, no se las endoso a terceros, lo que estamos tratando de decir es que eso es un factor que contribuiría a hacer más efectivas las investigaciones de esta naturaleza", dijo.

05 de abril de 2010: Efectivos de la Brigada Investigaciones Policiales Especiales de la PDI detuvieron Sebastián Soto (27), quien mantenía órdenes de arresto pendiente por maltrato de obra a Carabineros y que además vivía en la casa Okupa donde vivía el anarquista Mauricio Morales, fallecido luego que le explotara una bomba.

14 de junio de 2010: El fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidió nombrar a un nuevo fiscal para que se haga cargo de la investigación por los más de 100 atentados explosivos registrados en Santiago. El entonces fiscal metropolitano sur, Alejandro Peña, fue designado "para encabezar las indagatorias que buscan determinar a los responsables".

16 de junio de 2010: Una lista de 25 nombres era manejada por fiscalía como sospechosos.  Al menos cinco integrantes de la nómina pertenecen al círculo de amistades de Diego Ríos (23), buscado desde el año pasado como posible "cocinero", es decir, fabricante de pólvora para la realización de atentados.

06 de julio de 2010: Primer detenido por caso bombas. Roberto Gajardo Rubilar fue detenido al interior de la población Nocedal, en la comuna de Puente Alto, luego de ser sorprendido con dos extintores con pólvora negra.

07 de julio de 2010: El Ministerio Público amplió la detención de Roberto Gajardo Rubilar. La Fiscalía Sur pidió la ampliación para esperar los informes periciales respecto de la participación del imputado en el caso y perpetró atentados en el último tiempo. Además el gobierno presentó una querella por ley Antiterrorista contra Gajardo, invocando a la colocación de explosivos de forma tentativa.

09 de julio de 2010: El Juzgado de Garantía de Puente Alto resolvió ampliar en cuatro meses la detención del único imputado en el llamado caso bombas, Roberto Gajardo Rubilar, bajo la Ley Antiterrorista, formalizado por el delito de colocación de artefactos explosivos.

30 de julio de 2010: La Octava Sala de la Corte de Apelaciones decidió acoger el recurso presentado por el fiscal Alejandro Peña, que pidió recusar a los jueces por no levantar el secreto bancario en el caso bombas. Con esto, la Fiscalía Metropolitana Sur tendrá acceso a una cuenta bancaria donde personas, presuntamente vinculadas a los ataques terroristas, recibirían recursos desde el extranjero.

14 de  agosto de 2010: El fiscal Alejandro Peña confirmó que son 14 los detenidos tras los allanamientos realizados esa mañana, a tres casas okupa, entre ellas "La Crota", ubicada en Santa Isabel 380 y "Jhonny Cariqueo", en El Cobre, comuna de Pudahuel, además de operativos realizados en Valparaíso.

16 de agosto de 2010: Los abogados de los 14 detenidos visitaron en la cárcel a sus defendidos y acusaron presiones para lograr que sean juzgados. Alberto Espinoza, defensor de Rodolfo Retamales, dijo a La Tercera que "hay desproporción de cómo están actuando las instituciones en el caso" y que esto queda demostrado al verse "debilitada la independencia del Ministerio Público por influencia del Ministerio del Interior".

17 de agosto de 2010: En la audiencia de formalización de los imputados, la fiscalía entregó como pruebas escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, 17 videos que probarían la realización de los atentados y un antecedente que involucra a dos de los imputados: haber recibido 950 Euros desde Italia para financiar las operaciones.

26 de agosto de 2010: La Corte de Apelaciones de San Miguel ratificó este jueves la prisión preventiva para los imputados en la investigación del denominado caso bombas por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Se trata de Pablo Morales Fuhriman y Rodolfo Retamales Leiva, sindicados por la fiscalía como los cabecillas del grupo, su compañero Omar Hermosilla Marín y de los imputados Vinicio Aguilera Mery, Francisco Solar Domínguez, Felipe Guerra Guajardo, Mónica Caballero Sepúlveda y Andrea Urzúa Cid.

07 de septiembre de 2010: El juez Juan Escobar declaró que Octavo Juzgado de Garantía de Santiago es competente para conocer las actuaciones que realizará el Ministerio Público, rechazando las pretensiones de la Fiscalía Sur que había solicitado acumular todos los hechos relativos a esta causa en el Undécimo Juzgado de Garantía, que tiene competencia en la zona sur de la capital.

08 de octubre de 2010: Una querella por delito de colocación de artefactos explosivos contra dos imputados en el denominado caso bombas interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción judicial está dirigida contra Francisco Solar Domínguez y contra Gustavo Fuentes Aliaga.

14 de diciembre de 2010: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad provisional de Andrea Urzúa Cid, quien el lunes pasado obtuvo este beneficio por parte del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, señalando que no habían antecedentes suficientes para su formalización como parte de la asociación ilícita terrorista para la colocación de explosivos en el marco del llamado Caso Bombas, por la cual fue detenida en agosto pasado.

27 de diciembre de 2010: "Esta investigación y lo que ha hecho el fiscal Peña responde básicamente a satisfacer una necesidad política que se generó en algún momento para los efectos de que se estaba haciendo algo en materia de seguridad ciudadana", señaló desde Tribunales el abogado de Pablo Morales, Mauricio Daza.

03 de febrero de 2011: El Octavo Juzgado de Garantía resolvió este jueves levantar el secreto del sumario del denominado Caso Bombas, tras una audiencia en que se discutieron las medidas cautelares que pesan en contra de los imputados del proceso. El tribunal determinó que los abogados de los presos tienen el derecho de tener acceso al expediente investigativo, hasta ahora mantenido bajo cautela por el fiscal regional de la Zona Sur, Alejandro Peña.

04 de febrero de 2011: Abogados de los imputados en el denominado Caso Bombas, denunciaron a la Fiscalía Metropolitana Sur de escuchas telefónicas ilegales. El abogado Alberto Espinoza aseguró que "aquí hay un caso de ilegalidad extrema que es preocupante y que nos permite sostener que esta investigación ha sido muy irregular y que ha caído en situaciones de ilegalidad muy flagrantes. Hay que tener todas las pistas a la vista para poder tomar una decisión consecuente con esa revisión que se haga con los antecedentes".

16 de febrero de 2011: La Fiscalía evalúa solicitar la detención con fines de extradición de dos europeos que serían financistas de anarquistas chilenos involucrados en el denominado Caso Bombas.  El italiano Simone Telaro y la francesa Alexandra Rai Nora serían los financistas de los anarquistas durante una audiencia de revisión de medidas cautelares de dos de los 14 procesados. Omar Hermosilla y Vinicio Aguilera quedaron con arraigo nacional y arresto domiciliario, mientras que se mantuvo la prisión preventiva para Andrea Urzúa.

18 de marzo de 2011: Suspenden audiencia de reformalización de 15 imputados por caso Bombas hasta el 24 de marzo. Esto, luego de que las defensas de los presuntos subversivos acusaran al Ministerio Público de faltar a la verdad.

24 de marzo de 2011: El Octavo Juzgado de Garantía cerró, luego de casi cinco años de investigación, la indagatoria del llamado caso Bombas.

04 de abril de 2011: La Fiscalía Sur pidió al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago cadena perpetua simple para los presuntos líderes anarquistas Rodolfo Retamales y Pablo Morales.

06 de abril de 2011: El fiscal jefe de la zona metropolitana Sur,  a cargo del caso Bombas, Alejandro Peña, dejó el Ministerio Público para asumir un cargo en la Subsecretaría del Interior.

25 de abril de 2011: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones revocó hoy la prisión preventiva de Pablo Morales, sindicado por la fiscalía como el líder dentro del caso Bombas, quedando con arresto domiciliario. Además, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, revocó la prisión preventiva de Vinicius Aguilera, el presunto financista de los atentados. El tribunal consideró que no existe un peligro de fuga, por lo que quedó con arresto domiciliario.

26 de abril de 2011: Tras 65 días, los ocho imputados que mantenían una huelga de hambre, depusieron la medida tras reunirse con el diputado Tucapel Jiménez y el sacerdote Alfonso Baeza. 

27 de abril de 2011: La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva a Rodolfo Retamales Leiva, sindicado como uno de los líderes de la presunta asociación ilícita.

28 de abril de 2011: El sacerdote Alfonso Baeza reiteró la acusación de montaje por parte del gobierno. El caso "se presta para pensar con bastante exactitud la idea de un montaje", dijo en radio Cooperativa.

29 de abril de 2011: En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago revocó la prisión preventiva para Carlos Riveros y Camilo Pérez. Esta medida se suma a los cambios en las medidas cautelares de los considerados líderes del caso Rodolfo Retamales Leiva, Pablo Morales, y el supuesto financista Vinicius Aguilera. Para Francisco Solar y Felipe Guerra se mantuvo la medida de prisión preventiva.

02 de mayo de 2011: Tras la reunión que sostuvo hoy la mesa de diálogo formada para analizar y apoyar a los jóvenes implicados en el Caso Bombas, los miembros de la instancia anunciaron la presentación de un oficio de fiscalización al Ministerio Público por la posible pérdida de evidencia en la investigación.

02 de mayo de 2011: Comienza la audiencia de preparación de juicio oral por el denominado Caso Bombas en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

06 de abril de 2011: El fiscal Alejandro Peña renuncia al Ministerio Público para presidir un departamento de estudios en la Subsecretaría de prevención de delitos.

21 de junio de 2011: El juez de garantía Luis Avilés deja fuera 4 mil evidencias presentadas por la Fiscalía. Con esto, finaliza la audiencia preparatoria de juicio oral contra los imputados por el caso Bombas.

04 de octubre de 2011: 13 acusados por asociación ilícita terrorista son sobreseídos definitivamente. Sólo seis sospechosos llegan a juicio oral.

28 de noviembre de 2011: Se inicia juicio oral en contra de seis anarquistas.

01 de diciembre de 2011: Es detenido el sociólogo Hans Niemeyer luego de instalar una bomba en una sucursal bancaria de Macul.

16 de abril de 2012: Detienen a Carla Verdugo, pareja de Juan Aliste Vega, por porte de un aparato explosivo. Dos días después sería formalizada por colocación de artefacto explosivo en grado de frustrado. 

11 de mayo de 2012: A petición del Ministerio del Interior, la Corte de Apelaciones recusa a tres jueces del Caso Bombas esgrimiendo "falta de imparcialidad" de tres de los seis jueces que ven el proceso. El juicio fue suspendido en vísperas de la declaración del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a petición de su propia cartera.

15 de mayo de 2012: la Tercera Salas de la Corte de Apelaciones rechaza acusación contra los magistrados Marcela Sandoval Durán, Carlos Carrillo González y Blanca Rojas Arancibia.
24 de mayo de 2012: El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, declara en el juicio por el Caso Bombas por solicitud de la defensa de uno de los imputados.

10 de octubre de 2012: En fallo unánime, la Corte Suprema rechaza anular juicio en caso Bombas. Los ministros validaron el proceso por colocación de artefactos explosivos en contra de seis personas que fueron imputadas, en un comienzo, y posteriormente absueltas.

Fin del Caso Bombas, fin del montaje, fin del ex fiscal Peña…. Sólo falta Hinzpeter.

¡Salud y anarquía, y un porrito cada día!












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