A 3 AÑOS DE FRAUDE

27 DE FEBRERO, A 3 AÑOS DE FRAUDE ¡A PASAR EL SOBRE AZUL AL GOBIERNO! 27 F ¿RECONSTRUCCIÓN COMO EJERCICIO DE DERECHOS U OPORTUNIDADES DE LUCRO.

Se cumplen 3 años del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. A la vez, se sucede un tercer año del gobierno de Sebastián Piñera. En este contexto, el gobierno pretende imponer un supuesto éxito de su mandato y para ello utiliza uno de los pilares de su política, la llamada "Reconstrucción". Pero la realidad es que han pasado 3 años en que la situación de las mayorías de nuestro país ha seguido empeorando. La promesa de un Estado que -ahora sí- beneficiaría a los desposeídos, se vuelve polvo que lleva el viento. Hemos experimentado el engaño sin pudor, porque esa es la lógica del régimen económico y político impuesto hace demasiado tiempo.

A la vez, todo empieza a ser más claro. Los que han gobernado no tienen el menor compromiso con su pueblo, tampoco con los intereses generales de su país. Lo que interesa a estos "representantes públicos" es acelerar el despojo de todo lo que el país y la familia trabajadora puedan tener y necesitar. La tierra, por ejemplo, está en disputa en muchos sectores y, hasta aquí, la mayor parte de estos conflictos se han resuelto en favor de quienes detentan la riqueza y en contra de los más pobres. De este modo, queda demostrado el afán de saquear la tierra de la población trabajadora en función del lucro ilimitado. Esta realidad se extiende a todos los campos sociales, al trabajo, a la salud y la educación, al medio ambiente. Bajo esta presión intolerable que agobia a la familia, la sociedad entra en crisis. Debemos enfrentar la pesada carga de este régimen inhumano. 

Han sido 3 años de fraude que coronan otros muchos años similares. Hace 3 años el terremoto del 27 de febrero desnudó cruelmente a nuestra sociedad, con sus debilidades y falsedades, y dio inicio a un gobierno descarado hasta la ridiculez. Del mismo modo, el fraude se ha desvestido de sus apariencias hasta el punto más grosero, descubriendo los intereses de inmobiliarias, consorcios, ministerios y presidentes.

Pero también es cuando despierta lentamente un país que necesita unirse. A 3 años de fraude decimos "ya basta", "no les creemos", resistamos al fraude, combatamos el despojo y ataquemos la esencia del problema: la corrupta alianza político-empresarial. Contra el fraude y de sus herederos en las instituciones, como la más cruel de las estafas; defendamos nuestros derechos y, sobre todo, nuestros intereses de clase.

A 3 años de este circo de mal gusto, de saqueo y abusos, llamamos a los solidarios y a los justos, a protestar el miércoles 27 de febrero, marchamos a las instituciones del poder político para entregar el sobre azul, por cada fraude, por cada estafa, por cada traición a los intereses de Chile y de su pueblo, a 3 años del fraude de la reconstrucción. Se cumplen 3 años del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010. 

Mientras no se publiquen los supuestamente beneficiados con entrega de casas y llaves en mano todo está en penumbras. A este gobierno no se le cree nada ellos mismos se han encargado de construir, pero construir mentiras y ahora sufren las consecuencias, pero aún así siguen mintiendo en muchos temas.

Por otra parte muchos acuden a la técnica añeja, fastidiosa y también mentirosa del empate. Justificar mi robo con que otro anterior también pudo haber robado, es, a lo menos, cobarde, vil y desvergonzado.

Creo lo que debiese importar es que no haya gente en la calle, no haya discriminación y no haya abusos no importando quien los resuelva el País y el Estado es uno solo.

Vecinos de Concepción reciben a Piñera con protestas por demandas habitacionales, por considerar que en tres años, la reconstrucción ha sido un negociado y puro bla, bla, la tan llamada y cacareada reconstrucción de Excelencia.

Cerca de una treintena de damnificados del Parque Residencial Miraflores, del sector Lorenzo Arenas, protestó a la llegada del jefe de Estado porque, aseguran, que a tres años del violento sismo aún no tienen una solución habitacional.

A pesar de que el Estado chileno tiene los recursos suficientes (luego de años sostenidos de crecimiento económico), existe la percepción de que hay una barrera ideológica que impide que las autoridades asuman una posición desde un Estado garante de derechos, y frente a eso prefieran reproducir y profundizar el modelo de Estado subsidiario con el único objetivo de reducirlo, dándole protagonismo al sector privado y no a los actores sociales. En este sentido la cooperación público-privada ha sido la tónica. De hecho debiéramos hablar para el caso del proceso de reconstrucción en Chile, en algunos casos de cooperación privada-pública, poniendo en primera posición al sector privado.

Desde el minuto de afrontar la emergencia han existido cuestionamientos e investigaciones sobre la relación “incestuosa” entre sector público y privado. Algunas casos han sido: el sobrepago[1] de las viviendas de emergencia o “mediaguas”; la falsa de ayuda humanitaria[2] ingresada al país por una de las cadenas más grandes de supermercados, pertenecientes a uno de los grupos económicos más poderosos del país, llamado Cencosud; el sobreprecio pagado por un puente mecano por el Ejército[3], entre otros escándalos salidos a la luz pública.

El proceso de reconstrucción ha sido cuestionado también por los planes de reconstrucción realizados por empresas privadas con conflictos de interés en los territorios y sin licitaciones públicas. Pero quizás el caso más emblemático de relación de complicidad entre el sector público de vivienda y ciudad y el sector privado, ha sido la antigua relación entre el Minvu y la Cámara Chilena de Construcción (CchC). Hay indicios que la CchC en la década de 1960 habría participado en el diseño del Minvu. Así como su protagonismo en la definición de las políticas subsidiarias instaladas desde 1975 hasta hoy, de las cuales las grandes empresas de la construcción organizadas en el CchC han sido unas de las más grandes beneficiarias. El poder y la influencia de la CchC han quedado en evidencia en el proceso de reconstrucción desde 2010. Presiones políticas secretas al Minvu, para aumentar los “incentivos” a las empresas, que sólo se han llegado a conocer a través de filtraciones o investigaciones de la prensa.

La reconstrucción como excusa para erradicar a los pobres de los centros de las ciudades o de los bordes costeros.

Vemos entonces como se replica la política de vivienda subsidiaria, que expulsa a los pobres a las periferias y genera ciudades segregadas, dejando a los pobladores afectados desarraigados de sus lugares de origen, donde mantenían redes y tejidos sociales, además de poder acceder a servicios públicos e infraestructura inexistente en las periferias. Al parecer los “desastres socio-naturales” como maremotos, terremotos o incendios se utilizan como oportunidades para “limpiar” terrenos de sus habitantes originales y darles plusvalías para el mercado inmobiliario. Esto se ve reflejado en las mismas declaraciones del Ministro de Vivienda, quién destaca como un logro de la reconstrucción “la vitalidad del sector privado”, pero a costa de los de siempre, los pobres de la ciudad.

Frente a este panorama renacen procesos de organización y resistencia desde los territorios, que demandan el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, ambos protegidos por instrumentos del derecho humano internacional, en tratados ratificados por Chile. El desafío ahora es como diseñamos una nueva política urbana, que sea capaz de resguardar los barrios y sus habitantes y evitar estos procesos de expulsiones, ya sean por el mercado o por las propias gestiones de los actores del estado. El enfoque del derecho a la ciudad y desde la justicia espacial es una alternativa, ya que plantean la función social de la ciudad, y la especialización de la justicia social, respectivamente. ¿Y QUE NO ESTABA TODO LISTO? MENTIROSOS DE SIEMPRE.

Audito Saavedra Martínez

Profesor, dirigente.