Las órdenes de ejecución fueron dadas "a jóvenes
oficiales que solamente queríamos cumplir de la mejor forma nuestro
cometido", sostuvo Carlos Herrera Jiménez, autor confeso del asesinato de
Tucapel Jiménez.
por EFE
Carlos Herrera Jiménez, el ex integrante de la Central Nacional
de Informaciones (CNI) condenado entre otros delitos por el homicidio del
sindicalista Tucapel Jiménez, en 1982, dijo hoy a Efe que las ejecuciones de
opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet fueron “miserables
homicidios”.
“Fueron miserables homicidios dispuestos por torpes jefes
militares que, ante su limitación intelectual para neutralizar a los opositores
con mejores ideas, ordenaron su eliminación”, precisa Herrera en la cárcel para
violadores de derechos humanos de Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al
norte de Santiago.
Las órdenes de ejecución fueron dadas “a jóvenes oficiales
que solamente queríamos cumplir de la mejor forma nuestro cometido”, añade.
“Yo confundí la frontera del bien y el mal, de lo moral y lo
inmoral, y me situé en el lado opuesto de lo ético”, admite el exagente,
condenado por los asesinatos, en 1982, del sindicalista Tucapel Jiménez Alfaro
y, al año siguiente, de Juan Alegría Mundaca.
Jiménez lideraba una incipiente reorganización del
movimiento sindical y Alegría, un carpintero alcohólico y apolítico, fue
asesinado para tender una cortina de humo sobre el primer crimen.
Herrera Jiménez, primer agente de la dictadura chilena en
admitir sus crímenes, ha volcado en un documento, que confía a Efe, sus
reflexiones críticas sobre su papel represivo, con críticas hacia los mandos
“que dieron las órdenes y hasta hoy esconden la cara”.
“No pretendo justificar hechos por los que ya hace tiempo
asumí mi responsabilidad penal y militar ante los tribunales”, dice y revela
que por ello “me han considerado un traidor”.
“Entendí que las personas muertas nunca fueron traidores a
la patria, sino que sólo pensaban distinto.
Recapacité que yo no ingresé a la Escuela Militar
para convertirme en asesino de mis connacionales, sino para servir a mi país”,
expresa Herrera en el texto.
“Con vergüenza, observo cómo mis jefes militares y los
mandos institucionales de la época niegan hoy los hechos que ellos mismos
ordenaron a subordinados que hoy estamos presos por cometer violaciones a los
derechos humanos”, agrega.
Herrera, que también cumplió una condena de 10 años por el
asesinato de un transportista, Mario Fernández, en el norte de Chile, ha
solicitado varias veces el indulto, que le ha sido negado por distintos
Gobiernos.
Aquejado de un cáncer contra el que dejó de luchar – “me
aburrí de los tratamientos, un día me dije basta y no fui más al hospital”,
asegura- sueña, sin embargo, volver a ser libre algún día, “para fundar una
radio rural y ayudar a la gente”.
“Creo que mis transformaciones y meditaciones sobre la vida
me han sanado del cáncer”, cavila, convencido, quien fue uno de los más temidos
agentes de la dictadura, que ahora acepta “que los delitos cometidos por
agentes del Estado son más graves que los cometidos por particulares”.
“Nosotros existimos para proteger a las personas y así lo
juramos (…), los agentes contamos con información privilegiada y recursos del
Estado, además de impunidad durante la comisión del delito que facilita su
ejecución”, agrega.
“Nos hemos quedado solos, fuimos abandonados por nuestros
jefes y los altos mandos”, remarca, tras un largo silencio.
En su documento, Herrera acusa que “ningún general o
almirante, que ejercieron el mando total, ha asumido algún grado de culpa por
los hechos acaecidos”.
“Asesorados por equipos de abogados financiados por el
Ejército, han logrado hacer recaer su propia responsabilidad criminal en los
subalternos, cuando ellos idearon, planificaron, proporcionaron los medios y
ordenaron la ejecución de los ilícitos a sus subordinados, que leal y
ciegamente cumplimos esas órdenes”, denuncia.
Lo anterior ha llevado al suicidio a “muchos” que cumplieron
tareas en los servicios de seguridad, afirma Herrera, que también explica en su
escrito una suerte de itinerario de los detenidos desaparecidos.
“Una unidad detenía a personas con nombre, apellido y
domicilio y los entregaba a otra unidad. Allí los documentos de identidad eran
destruidos y les asignaban un número. Ya sin identidad, los llevaban a otro
lugar, donde distinto personal militar o policial los eliminaba, pero sin saber
quiénes eran pues eran sólo números”, relata.
“Luego, envueltos en sacos por distinto personal, eran
inhumados o lanzados al mar siendo sólo bultos, ya no personas”, prosigue.
Herrera rememora también su paso por la Escuela de las Américas y
relata cómo les enseñaban a torturar.
“Entre 1967 y 1972, subtenientes fuimos enviados a la Escuela de las Américas
del Ejército de Estados Unidos en Panamá, a cumplir lo que eufemísticamente se
llamaba Curso de Orientación de Armas de Combate para Oficiales”, señala.
En realidad, añade, “nos instruyeron en técnicas de
contrainsurgencia, interrogatorio con electricidad, y cómo colgar a las
personas de los pies golpeándolos en zonas sensibles para obtener una rápida
confesión”.
“Se asesinó en la más absoluta impunidad”, concluye,
pensativo, con un hilo de voz.
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