Fuente: Feisbuh de Magdalena Rosas
Ante el funcionamiento de una Base Militar Norteamericana en Con Con, cuya
construcción tiene un valor de más de 500 millones de dólares pagados por el
Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, destinada al
entrenamiento de las Fuerzas Armadas chilenas, Carabineros y Policía de
Investigaciones; a lo que se suman las advertencias realizadas por el
Comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba sobre las
intervenciones militares en nuestro país, quién señaló textualmente que “dados
los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la
seguridad, al momento de preservar valores, intereses y bienes que la propia
sociedad busca cautelar" el Ejército debe analizar eventuales nuevos
roles, los que según la embajada norteamericana en Chile, tienen que ver con el
destino y entrenamiento del "personal encargado de ejecutar operaciones de
mantención de la paz o de estabilidad civil en zonas urbanas"; y, frente al
incremento de la represión hacia el movimiento social, la Comisión Etica
contra la Tortura
(CECT-Chile) se hace un deber declarar que:
1º La soberanía reside en el pueblo y la seguridad no puede reducirse sólo al
resguardo de los intereses de las transnacionales, de sus socios nacionales y
el sistema económico imperante.
2º El pueblo tiene el legítimo derecho a organizarse y a manifestar
públicamente sus planteamientos, sus demandas en pro de una sociedad con más
derechos humanos en tanto ciudadanos.
3º Las Fuerzas Armadas tienen como misión el resguardo de la soberanía
nacional. Por tanto, constituye una traición a la Patria su subordinación a
los dictámenes del ejército norteamericano, cuyas acciones devastadoras han
sido padecidas por la humanidad a lo largo de la historia de los siglos XIX, XX
y durante los inicios del siglo XXI y, particularmente por Chile, luego del
Golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973 que nos trajo asesinatos,
desapariciones de personas, encarcelamiento indebidos y torturas masivas y
sistemáticas durante 17 años de dictadura militar.
4º Las Fuerzas Armadas deben permanecer bajo la tuición del poder político y no
tienen derecho a la autonomía y a la impunidad en todos los ámbitos, como ha
sucedido hasta ahora.
5º Carabineros de Chile es una institución policial, cuya función es la
prevención del delito. En consecuencia, es improcedente e ilegal que sus funcionarios
reciban entrenamiento militar destinado a atacar a la población civil, como si
estuvieran en una guerra contra la población a la que tienen la obligación de
defender y a la que ellos pertenecen por su origen social. El mismo argumento
es extensivo a la Policía
de Investigaciones.
6º El Estado de Chile debe respetar los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, e incorporarlos en la legislación nacional, tal como le ha sido
recomendado por la ONU
en reiteradas oportunidades; en especial nos referimos a integrar a la
legislación nacional la tipificación del crimen de tortura, su investigación y
sanción en tanto crimen de lesa humanidad.
7º El gobierno de Chile debe recordar que tiene por misión la administración de
las instituciones del Estado en pro del bien común y no sólo de quienes
concentran los bienes que son fruto del trabajo de quienes los producen.
8º Es válido señalar que la seguridad y la paz de la sociedad no proceden de la
represión ni de dictaduras militares, sino del reconocimiento y respeto
irrestricto a los Derechos Humanos, la Libertad , la Democracia y la Justicia que, de acuerdo
al postulado de San Ambrosio, Doctor de la Iglesia (siglo IV), es "la virtud que da a
cada uno lo suyo, que no reinvindica lo ajeno y que descuida la propia utilidad
para salvar la equidad común".
COMISIÓN ETICA CONTRA LA
TORTURA - CHILE
SANTIAGO, VALPARAISO, COPIAPO, SAN ANTONIO Y TEMUCO
Santiago de Chile, 12 de abril de 2012.
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