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Observadores de derechos humanos asisitieron a la
audiencia en que la defensa comenzó su presentación.
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El Instituto Nacional
de Derechos Humanos y representantes de organizaciones de derechos humanos
nacionales, estuvieron presentes en la audiencia de ayer –miércoles 2 de mayo-.
Más de 130 peritos y cinco meses de audiencias sucesivas utilizó la Fiscalía para entregar
sus pruebas, sin aportar evidencia concluyente y, por el contrario, siendo
acusados de diversas irregularidades, algunas de las cuales son objeto de
investigación administrativa.
El pasado viernes, tras más de cinco meses de audiencia
sucesivas, la fiscalía concluyó su presentación de pruebas -cerca de 130
testimonios de peritos y testigos- en contra de seis imputados en el denominado
“Caso bombas”, bajo la invocación de la ley antiterrorista, el que hasta ahora
ha estado marcado por graves irregularidades y que el miércoles 2 de mayo
comenzó a conocer las declaraciones y testimonios de las defensas.
Frente a estas denuncias y encontrándose el juicio pronto a
entrar en su fase de término, pues los abogados defensores han estimado en
máximo dos semanas el tiempo que ocuparán en sus presentaciones, representantes
de organizaciones de derechos humanos (CINTRAS, CECT, Observatorio Ciudadano, y
Psicólogos por Ñuñoa), además de un abogado del Instituto de Derechos Humanos
que se acercaron al Centro de Justicia a presenciar la audiencia, con el
objetivo de cautelar los derechos de los imputados y que se respeten las normas
del debido proceso.
NI TRAZAS, NI ADN
El primero de los testimonios de hoy fue el de la bioquímica
Shirley Villouta, a quien le correspondió verificar la presencia de trazas de
nitrato en evidencia obtenida en el marco de los violentos allanamientos con
que fueron detenidos los imputados. Afirmando que la evidencia periciada no
alcanzaba a contener ninguno de los niveles de concentración de sustancia
establecidos para los distintos tipos denominaciones de trazas, los que podrían
encontrarse en niveles similares por el uso de anilina o, como acreditó uno de
los abogados en esta causa, por el uso de un determinado detergente.
Luego testificó el biotecnólogo médico, Hugo Jorquera, quien
debió periciar distintas vestimentas para procurar encontrar perfiles genéticos
comparables con los imputados. Sin embargo, el perito aclaró que en las prendas
existían más de un perfil genético, que hacían inviable una comparación y por
ende una identificación, así que la prueba no sería válida. Cabe destacar, a su
vez, que las muestras de ADN les fueron extraídas a los imputados bajo fuerza y
por vía indovenosa (hoy basta una férula en la boca), lo que fue considerado
como un acto de tortura por observadores de derechos humanos que les visitaron
en la cárcel pública cuando se encontraban a más de 40 días de huelga de hambre
en 2011.
LAS IRREGULARIDADES
DE LA FISCALÍA Y
LA CITACIÓN A
HINZPETER
Falsificación de instrumento público -en una decena de
casos- donde la firma de quien emite testimonio no coincide con la de la
persona, hechos que actualmente son objeto de investigación administrativa de
la que se hará parte el Consejo de Defensa del Estado; extravío de la cadena de
custodia de pericias claves, donde se establecen los movimiento que tienen
dichas pruebas y por ende garantizan su veracidad; prácticas dilatorias que le
han valido varias costas a la fiscalía aún no canceladas; y el uso de los
alcances de la figura de asociación ilícita en juicio, delito del que ya fueron
sobreseidos todos los imputados, son algunas de las graves faltas de las que
adolece.
La defensa ha citado a declarar al ex fiscal a cargo de la
causa, Alejandro Peña, y al Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Este
último se negó a presentarse a la audiencia, ofreciendo ser interrogado en su
despacho en fecha que fijó para este 18 de mayo.
OBLIGACIÓN DE
ACREDITACIÓN PARA LA PRENSA Y
PROHIBICIÓN DE FOTOGRAFÍAS
El tribunal informó durante la audiencia, que todos los
medios de comunicación que asistan a las audiencias que restan de este juicio,
deberán acreditarse, y que están prohibidas las fotografías a los imputados.
Por Paulina Acevedo
Observatorio Ciudadano
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