Aporte de Magdalena Rosas
Un persistente enfrentamiento público ha sostenido durante
las últimas semanas HidroAysén con diversos alcaldes de la región de
Aysén. Mediante cartas al director y controversias sobre la forma en que
la empresa se relaciona con las comunidades, los representantes comunales han
develado el áspero vínculo que mantiene la compañía con las autoridades locales
y la ciudadanía.
Este escenario, en cierta medida, contraviene sus últimos
intentos por mostrarse ante el país como una sociedad que aplica
responsabilidad social empresarial y prácticas de “buena vecindad” con las
comunidades que habitan los territorios en el ámbito de influencia social,
cultural, económica y productiva de los ríos Baker y Pascua, donde pretenden
Colbún y Endesa construir sus 5 represas.
Algo que dejó de manifiesto la crónica “HidroAysén: ¿Energía
con futuro?” de la sección “Reporteros” que TV-UC emitió este martes en
Teletrece y que mostró a más habitantes de Aysén en oposición al proyecto que a
favor.
La pugna epistolar
con Coyhaique y Tortel
El 23 de marzo el alcalde de Coyhaique, Alejandro
Huala, publicó en La
Tercera una carta en la cual dio a conocer su rechazo al
proyecto expresando su “postura contraria a sacrificar nuestras comunidades y
prístinos ecosistemas”, sin embargo lo cual reiteró su compromiso con “una
consulta ciudadana informada y democrática, que permita a nuestra gente conocer
los verdaderos alcances de los proyectos hidroeléctricos”. El edil
también cuestionó la promesa de rebajar el costo de la energía que ha hecho
HidroAysén “sin aclarar que esto no lo pueden cumplir por sí solos, al depender
de cambios en el Congreso, el impulso del Ejecutivo y la anuencia de la
eléctrica monopólica natural”, preguntándose si “es correcto que una empresa se
comprometa a algo que no está segura de cumplir”. Al concluir relevó que
la aspiración regional es “ser protagonistas de nuestro desarrollo, sin
empresas asistencialistas que fomenten un falso sentido de dependencia
económica en calidad de beneficiarias de nuestra región, lo que muchas veces
oculta un sentido de aprovechamiento de las comunidades y sus recursos naturales.
Más aun cuando está comprobado que existen alternativas mucho más sustentables
que convertir Aysén en la gran pila de Chile”.
María Irene Soto, gerente de Comunidad y Comunicación de la
empresa, fue la encargada de responder mediante una misiva publicada el
26 de marzo. “En diciembre pasado realizamos un proceso ‘casa a casa’
mediante el cual se visitaron 11.131 hogares de Coyhaique y Puerto Aysén,
equivalentes al 60% de la población de ambas ciudades. De las 60 personas que
participaron en esta tarea, 20 eran dirigentes sociales y jóvenes becados de
Aysén” dijo. Y agregó: “durante este ‘casa a casa’, uno de los temas que
despertaron mayor interés por parte de la comunidad fue el beneficio de energía
barata comprometido por la empresa, que busca reducir en un 50% las cuentas de
electricidad para los habitantes de Aysén”.
La respuesta no convenció al alcalde de Tortel,
Bernardo López. Dos días después, el 28 de marzo, también entró en
el debate con una carta en la cual se mostró sorprendido por lo afirmado
por Soto “pues sabemos que rebajar el costo de la energía fue una condición
impuesta en la resolución aprobatoria de mayo de 2011, reclamada por HidroAysén
porque ‘supone la actuación de terceros respecto de los cuales HidroAysén no
tiene control’… . Así, no entendemos cómo la empresa puede asegurar algo que
depende de otros, más aun cuando se requieren cambios legales”. En
su opinión “muchos de quienes nacimos en esta tierra, particularmente en la
desembocadura del Baker (paradójicamente, comunidades no consideradas como
afectadas por HidroAysén) sabemos que este proyecto sería muy dañino para
nuestra cultura, ecosistemas y desarrollo social, como ha ocurrido en otras
zonas donde Endesa ha construido represas. El caso del Alto Biobío es dramáticamente
ejemplar; allí, el desarrollo que se prometió nunca llegó y nunca llegará,
porque la empresa ya se fue”. Su conclusión fue clara: “No estamos
dispuestos a hipotecar ese horizonte limpio porque una empresa se apropió de
los derechos de agua de los ríos que nutren nuestra vida”.
La gerente de Comunidad y Comunicaciones fue nuevamente la
encargada de dar la versión de la compañía. El 30 de
marzo señaló que “la empresa realizó una apelación ante el Comité de
Ministros para precisar las condiciones en que se hará esta rebaja, para que
pueda cumplirse y llegar efectivamente a la comunidad, incluso abriendo la
posibilidad de transferir este beneficio por medio de subsidios directos”.
Las quejas de Aysén y
Cochrane
Pero no todos los cuestionamientos a HidroAysén por parte de
los alcaldes de la región llegaron mediante cartas al director.
En el caso del alcalde de Aysén, Oscar Catalán, la
polémica trascendió los medios escritos y obligó a HidroAysén a dar múltiples
explicaciones sobre la acusación de financiamiento electoral. El 26 de
marzo la autoridad comunal declaró en un programa radial local que
“durante la campaña municipal nos querían dar 3 millones de pesos”.
Contra todo pronóstico, su molestia no fue por la posible intervención política
sino porque tal cifra, a su entender, era “una falta de respeto” y “una
miseria”. “Estos amarretitos fueron recurridos y dijeron que sí, que
tenían todas las ganas de ayudar, y nos querían dar tres millones de pesos”
fueron sus palabras, rematando con un “cuando se retratan de la forma
en que lo he dicho, está claro que lo único que buscan es enriquecerse y no les
interesan las comunidades donde viven”. Ante tal acusación, una vez más
María Irene Soto debió salir a los medios para entregar la postura
formal de la empresa: “Nosotros nunca hemos tenido ningún contacto con el
alcalde, nunca le hemos ofrecido nada al alcalde, porque además, precisamente,
las instrucciones que yo tuve cuando me hice cargo es trabajar directamente con
las comunidades y es lo que estamos haciendo”.
Una semana más tarde fue el turno del alcalde de
Cochrane. El 1 de abril la prensa regional informó sobre la
preocupación de Patricio Ulloa, formalizada mediante una carta de
principios de febrero dirigida al Comité de Ministros, por el incumplimiento de
HidroAysén de la resolución de calificación ambiental que le obliga a incluir
al poblador René Muñoz –quien vive aguas abajo de la proyectada represa Baker
2- en el plan de relocalización (PDR) en las mismas condiciones de quienes
serían afectados por la inundación de sus terrenos. La autoridad comunal
expresó en la misiva que a pesar de “tan categóricas resoluciones, nos preocupa
que la empresa no esté acatando lo resuelto por ustedes, por cuanto si bien lo
incluyó en el PDR, lo hicieron en calidad de especial, entregándole a don René
una propuesta que no guarda relación con lo ordenado ni con lo ofrecido a los
otros pobladores afectado”. Y pidió a las autoridades nacionales que
“puedan exigir a la empresa que se ajuste a derecho y cumpla con lo ordenado
respecto de don René”.
La oposición de Chile
Chico y Cisnes
Consultado sobre estas controversias el alcalde de Chile
Chico, Luperciano Muñoz, expresó que “lamentablemente, en la región bastante
experiencia tenemos con lo que la empresa ofrece públicamente y lo que hace en
la realidad”.
Como una forma de
sustentar lo señalado recurrió a dos ejemplos.
“HidroAysén ha señalado públicamente que el proyecto de alta
tensión con el cual pretenden interconectar Aysén con el SIC sería lo menos impactante
posible para la Patagonia ,
asegurando que tales torres no superarían los 75 metros de altura”
recordó. Y a renglón seguido agregó: “Lo que no dice la eléctrica es que
su estudio de impacto ambiental sobre las represas aprobado en 2011 ya contempla
cruzar gran parte de Aysén (180 kilómetros de interconexión de los cinco
embalses) precisamente con torres de corriente alterna de 75 metros de altura,
cruzando varias veces la
Carretera Austral. En tal estudio, nunca propuso enterrar
siquiera una de tales estructuras”.
También se refirió a la afirmación de Daniel Fernández hace
un par de semanas donde dijo que veía con buenos ojos la aplicación de un
royalty para empresas de generación eléctrica. “Aunque suena a
preocupación por Aysén, la empresa ha obrado muy distinto al exigir que se
elimine la condición impuesta en la
RCA de ‘presentar un plan de compensación en la eventualidad
de que los ingresos provinciales y/o regionales derivados del turismo
desciendan producto de la ejecución del proyecto’” expresó Muñoz. Por
esto su opinión es que “HidroAysén no tiene compromiso social empresarial con
nuestras comunas. Sólo quiere hacer un lucrativo negocio gracias al
control que tiene de los derechos de agua en la caudalosa cuenca del Baker, que
se nutre del Lago General Carrera, el segundo más grande de Sudamérica”, para
lo cual planteó que “una tarea urgente hoy es avanzar hacia la recuperación del
agua para Chile y los chilenos”.
Sus palabras son coherentes con la decisión unánime que el
recién conformado concejo municipal adoptó el 22 de enero de este año,
expresando su total rechazo a la iniciativa eléctrica.
Arsenio Valdés, alcalde de Cisnes, comparte la mirada de su
colega de Chile Chico. “Me opongo a estos mega proyectos porque es
hipotecar la región a cambio de nada, de ningún beneficio que estaría
recibiendo la región de Aysén. Estaríamos entregando nuestra energía,
nuestros ríos sólo a intereses económicos. Por esto Cisnes, en su mayoría
y de distintas formas, se pronunció en contra” recordó el edil.
Un tema sensible para la comuna es el control de los
derechos de aguas por parte de empresas eléctricas. Para Valdés “quizás
se han hecho cosas con la legislación vigente, pero de espaldas a la
comunidad. Nos hemos enterado que todos estos ríos son de empresas
eléctricas, por lo tanto es un tremendo daño a las comunidades, a mucha gente
humilde, gente de campo que no tiene derechos de agua sobre los ríos o arroyos
que cruzan sus campos, pero sí estas empresas que no tienen ninguna presencia
acá”.
Estas controversias con 6 de los 10 de la región hacen
complejo el escenario para HidroAysén, a la luz de sus esfuerzos por dar a
entender en el nivel nacional que en la zona contarían con apoyo de
las comunidades, lo que ha reforzado con una encuesta, cuya metodología aún se
desconoce, realizada por Data Voz (consultora que no sólo hace estudios para
HidroAysén sino que la asesora en su desempeño público, lo cual hace
a muchos dudar de su independencia) donde se señala que en Aysén habría
un 46,8 % de apoyo y un 46,3 % de rechazo al proyecto. En todo caso,
incluso con estos rebatibles datos tener a la mitad de la población regional en
contra no debiera ser algo de lo cual una empresa que se plantea como proyecto
país y región, y que ha desplegado una millonaria campaña de intervención
local, pueda enorgullecerse.
Como se ha visto, a la compañía le ha sido muy difícil
demostrar estas cifras con los hechos, colisionando sus aspiraciones con la
realidad y con lo expresado el lunes al Wall Street Journal por
Fulvio Conti, director general de Enel (controladora de Endesa y, por
extensión, del proyecto de represas en Aysén): “Seguiremos apoyando HidroAysén
mientras el gobierno lo apoye, a nivel nacional y local”. Pero si tal no
ocurre, “no invertiremos y haremos otra cosa” fue su afirmación.
Hoy ya está claro que en los gobiernos comunales no tiene un
respaldo mayoritario. Está por verse aún si el apoyo público que
Sebastián Piñera se traducirá en hechos, en un año cruzado por la contienda
electoral.
Por Patricio
Segura
El Ciudadano
No hay comentarios:
Publicar un comentario